Un estudio analiza la relación entre la masculinidad y la violencia sexual en los entornos digitales

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Educación para la Transformación Social y la Ciudadanía Global

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Nazioarteko Elkartasuna–Solidaridad Internacional, con la colaboración de Proyecto Social Emargi, ha elaborado el estudio «Relación entre la masculinidad y la violencia sexual en entornos digitales», una investigación participativa que analiza cómo los modelos tradicionales de masculinidad influyen en la reproducción y normalización de las violencias machistas y LGTBIfóbicas entre la población adolescente.

El trabajo parte de una realidad cada vez más presente en los centros educativos: las redes sociales, las plataformas de mensajería y otros espacios digitales ocupan un lugar central en la socialización, las relaciones afectivas y la construcción de la identidad de adolescentes y jóvenes. Estos entornos ofrecen oportunidades para la comunicación y la participación, pero también pueden reproducir y amplificar desigualdades, conductas de control, acoso sexual, discursos de odio y vulneraciones de la intimidad.

La investigación se desarrolló mediante una metodología de Investigación-Acción Participativa, combinando herramientas cuantitativas y cualitativas desde una perspectiva feminista, interseccional y de derechos humanos. Participaron 411 alumnas y alumnos de entre 13 y 16 años y 54 docentes de Berrio Otxoa Ikastetxea, Uribe Kosta BHI, Ander Deuna Ikastola, Muskiz BHI y Arratia BHI.

Una violencia presente en la realidad del alumnado

Los resultados muestran que la violencia digital no constituye un fenómeno aislado. El 62,8 % del alumnado afirma haber visto o escuchado casos de violencia digital en su centro educativo, mientras que un 17,7 % conoce situaciones de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Asimismo, el 58,7 % ha presenciado insultos o burlas en redes sociales o chats, el 41,3 % ha observado la difusión de rumores o mentiras y el 26,5 % situaciones de acoso reiterado. Un 33,7 % declara haber recibido mensajes sexuales u ofensivos no solicitados, con una mayor presencia de chicas en las categorías de frecuencia media y alta.

La investigación constata además que el 21,5 % del alumnado manifiesta haber sido víctima de violencia digital en el contexto escolar. Las mujeres representan el 61 % de las personas que se identifican como víctimas, lo que refleja un impacto diferenciado por género.

Entre las prácticas identificadas se encuentran la recepción de mensajes sexuales no solicitados, la presión para enviar imágenes íntimas, la difusión de contenidos sin consentimiento, los insultos relacionados con la apariencia y las conductas de control dentro de las relaciones afectivas.

El control digital, una práctica todavía normalizada

El estudio presta especial atención a las prácticas de vigilancia y control que pueden presentarse como muestras de amor o preocupación. Un 30 % del alumnado afirma conocer casos en los que chicos controlan las redes sociales, los contactos o las publicaciones de sus parejas.

Entre las formas concretas de control más reconocidas se encuentran la exigencia de contraseñas, señalada por el 61,1 %; la revisión del teléfono móvil sin permiso, identificada por el 54,9 %; el control de las redes sociales, reconocido por el 48,7 %; y la utilización de aplicaciones espía, mencionada por el 22,1 %.

Estos datos evidencian la necesidad de trabajar con el alumnado cuestiones como el consentimiento digital, la intimidad, el derecho a la propia imagen, los límites personales y la construcción de relaciones afectivas basadas en la igualdad y el respeto.

La respuesta de los centros educativos

Otro de los principales hallazgos es la distancia existente entre las experiencias digitales del alumnado y el conocimiento que llega a los centros educativos. Las situaciones suelen circular mediante redes informales y solo una parte alcanza los canales institucionales.

El alumnado acudiría principalmente a sus amistades —72,6 %— o a su familia —41,6 %— ante un caso de acoso sexual o difusión de imágenes íntimas. Únicamente un 28,3 % recurriría al profesorado o al centro educativo.

Además, el 45,6 % del alumnado afirma no conocer el protocolo de actuación de su centro, el 62,2 % señala no haber recibido información sobre qué hacer ante una situación de violencia digital y el 52,8 % considera que no se desarrollan suficientes acciones preventivas.

Estos resultados no indican una ausencia de actuación por parte de los centros. Evidencian que el conocimiento institucional de las violencias digitales es parcial y depende, en gran medida, de que las situaciones sean comunicadas formalmente o alcancen un nivel de gravedad visible.

El profesorado reclama formación y herramientas prácticas

El profesorado reconoce su responsabilidad en la prevención, la detección y el acompañamiento del alumnado, aunque también expresa dificultades relacionadas con la falta de tiempo, formación especializada y procedimientos operativos.

El 82,4 % del profesorado participante manifiesta interés en recibir formación específica sobre violencia digital, género y redes sociales. Entre las medidas consideradas más eficaces destacan las campañas de sensibilización y prevención, la formación docente sobre cómo actuar y la realización de charlas y talleres.

Las respuestas cualitativas muestran también la necesidad de disponer de protocolos más claros, recursos humanos suficientes, acompañamiento especializado y criterios comunes para actuar de manera coordinada.

Prevenir antes de que la violencia se produzca

El estudio concluye que la respuesta educativa debe ir más allá de la intervención ante los casos ya producidos. La prevención debe integrarse de forma estable en los proyectos educativos, los planes de convivencia, las tutorías y las actuaciones de coeducación y ciudadanía digital.

Entre sus recomendaciones se encuentran trabajar de manera continuada el consentimiento, la privacidad, la igualdad, la seguridad digital y la influencia de la pornografía; nombrar claramente las distintas formas de violencia sexual digital; utilizar metodologías participativas; implicar a las familias; habilitar canales seguros para pedir ayuda; y garantizar procedimientos de actuación claros, accesibles y conocidos por toda la comunidad educativa.

Esta investigación aporta conocimiento situado sobre la realidad de los centros educativos vascos y ofrece una base para seguir desarrollando protocolos, materiales y procesos formativos. Su finalidad es contribuir a que adolescentes y jóvenes puedan ejercer sus derechos también en el entorno digital y encuentren en sus centros educativos espacios seguros, cercanos y preparados para prevenir y afrontar las violencias.